La Asociación de Familiares y Amigos de los Asesinados y Enterrados en Magallón (AFAAEM ) ha trabajado junto a otros colaboradores arqueólogos e historiadores en la reconstrucción de las vidas –y asesinatos-de las víctimas que terminaron en esa gran fosa común, ubicada en el subsuelo del cementerio municipal, y que fue una de las de mayor tamaño encontradas en España tras la aprobación de la ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero.
Siempre guiados por los testimonios orales de quienes vivieron la guerra civil, los hijos y los nietos, y también los amigos, recuerdan los testimonios de los familiares directos, y por eso la búsqueda se ha alargado durante más de una década. Pero, en algunos casos todavía no se han encontrado respuestas después de 85 años.
Por el momento se ha identificado a 51 de las 81 personas entre los restos de la fosa hallada en 2009. Se detectaron según la distribución de las víctimas por distintas zanjas, que se correspondían con una veintena de procedencias; con distintos puntos de Aragón (Luceni, Gallur, Ambel, Fuentes, Uncastillo y Loarre, entre otras localidades), Navarra y el País Vasco. Continúa la investigación, gracias a una subvención de la Federación Española de Municipios para elaborar un estudio monográfico en el que se explicará todo el proceso de búsqueda.
Habitualmente, la búsqueda para identificar a los asesinados en la guerra civil española comienza en los registros de los ayuntamientos, que revelan también pedazos de historia en cada página. Así, con la llegada de la Constitución Española, tras la muerte del dictador, se observa un «incremento muy notable» de fallecidos. Las familias registraron fuera de plazo a sus muertos. Para cobrar pensiones, para que hubiera constancia de que los habían matado.
Estos libros de registro hablan también de cuáles fueron los momentos de mayor represión. O de cómo de minucioso era el registrador en cada época. Del 18 de julio del 36 hasta agosto del 36, en la causa de la defunción anotaban ‘por herida de arma de fuego’ o por ‘vicisitudes de la guerra’. A partir de agosto, en los registros solo aparece la palabra ‘fallecimiento’. Miembros de la entidad memorialista, junto a arqueólogos e historiadores expertos en la materia, como Javier Ruiz, han estudiado los registros de una treintena de pueblos aragoneses, navarros y del País Vasco, de donde se sospechaba que eran las víctimas. Se comparan las actas de nacimiento y defunción, y después se busca a los vivos para que puedan ofrecer una muestra de ADN que permita identificar a la víctima.
No siempre es fácil, porque la intención es encontrar siempre a los descendientes más directos, pero 85 años después de la guerra, hay algunas familias que reniegan del pasado.
Su negativa a compartir muestras puede alargar el proceso para la identificación de otros restos, ya que al identificar a uno, se encuentran pistas para saber quiénes eran los que fueron lanzados a la fosa en ese momento con él.
El siguiente paso, que quedará documentado en el estudio monográfico sobre memoria que preparará la asociación, es la comparación de las muestras de ADN, que desde el principio, se han enviado laboratorio privado Lab Genetics de Madrid, uno de los especializados en memoria histórica en España. Pero cuando el análisis de las muestras de los descendientes vivos no da resultados, las entidades memorialistas intentan la identificación por otros cauces, como con la comparación de muestras de los descendientes fallecidos de quienes fueron asesinados en el franquismo, siempre y cuando la familia dé el consentimiento para hacerlo.
Pese a los avances de la investigación, Magallón tiene todavía más de 60 desaparecidos en la guerra civil por localizar en otras fosas.
El trabajo sigue, con la esperanza puesta ahora en la nueva Ley de Memoria Democrática.